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Una iniciativa radicada ante el Congreso
pretende crear un organismo que reúna a todos los contadores
y que se convierta en un interlocutor válido del sentir
de este gremio ante el estado.
En días pasados fue presentado al Congreso un proyecto
de ley que busca la unificación del gremio de los contadores públicos,
cuya dispersión en más de 100 asociaciones ha sido frecuentemente
cuestionada.
Se trata de una iniciativa del Colegio Profesional
de los Contadores (CPCP) con sede en Medellín, la cual tiene por
objetivo la creación de un organismo regulador de la profesión contable
que aglutine todos los profesionales de la Contaduría. De esta organización
sólo harán parte las asociaciones de contadores que demuestren un
historial de realizaciones y capacidad de gestión.
Este organismo, que también se denominará Colegio Profesional de
los Contadores Públicos, según afirma el CPCP, "Se convertiría en
un interlocutor válido del sentir de los contadores ante el Estado
y demás instancias de la sociedad".
Y añade: "...de consolidarse, contribuirá en gran medida al posicionamiento
y fortalecimiento de la profesión que por excelencia y por ley,
está llamada a dar fe pública, de los actos que en distintos órdenes
se dan en nuestro país a través de su más alta magistratura. La
revisoría fiscal".
Otro de los objetivos de la iniciativa es el de
fortalecer la Junta Central de Contadores (JCC) como tribunal disciplinario
de la profesión y el Consejo Técnico de la Contaduría como el encargado
de la orientación técnico-científica de la misma. Este último pasaría
de ser un apéndice de la JCC con presupuesto exiguo a una institución
adscrita al Ministerio de Desarrollo, compuesta por 13 contadores
públicos.
Al ser consultado sobre esta propuesta, el presidente del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, Rafael Franco Ruiz, se mostró
de acuerdo con gran parte de la misma y expresó que "todo esfuerzo
por lograr la unificación del gremio es favorable".
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Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de que fueran anexados
al proyecto varios elementos de la iniciativa que fue presentada al
Congreso hace dos años por la entonces Congresista Ingrid Betancurt,
pero que luego fue retirada.
El nuevo proyecto plantea, además, la posibilidad que tendría el colegio
Profesional de certificar la calidad de la ejecución de las actividades
de los revisores fiscales y los auditores, haciendo constar que éstas
se adelantan conforme a los estándares de auditoria generalmente aceptados
y a las disposiciones que expida el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública a través de sus comités.
Así mismo, los contadores y revisores fiscales tendrían la obligación
de adherir a sus certificaciones y dictámenes una estampilla prenumerada
y controlada por el colegio Profesional, lo que garantizaría una mayor
responsabilidad por parte de éstos en sus opiniones y un mejor seguimiento
de este organismo de la calidad de los servicios y actuaciones de
sus afiliados.
Finalmente, en procura de mantener un nivel alto de calidad en el
servicio de los contadores y de incentivar su educación continuada,
la iniciativa propone que estos profesionales acrediten anualmente
una cantidad de puntos conforme a las tablas y parámetros definidos
por el Colegio Profesional, además del sometimiento a un examen periódico
para la renovación de su inscripción como contadores públicos.
Así mismo, según la iniciativa, el nuevo organismo podrá definir nuevas
áreas específicas de las actividades relacionadas con la ciencia contable,
de acuerdo con las necesidades cambiantes de la sociedad.
Finalmente, el proyecto propone que, con el fin de regular la justa
competencia entre las organizaciones profesionales de contadores públicos,
así como de limitar y prevenir el ejercicio de prácticas que generen
monopolios, el Gobierno, por vía reglamentaria, determinará dentro
de los seis meses siguientes a la expedición de la ley, los mecanismos
necesarios para evitar la ocurrencia de tales prácticas.
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