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Asociaciones que Integrarán el Colegio Profesional
Proyecto
Periódico Ámbito Jurídico (LEGIS), Bogotá 1 al 14 de octubre de 2.001, página 5.
Consejo Técnico y Junta Central serían fortalecidos
Proyecto busca crear Colegio Profesional de contadores

Una iniciativa radicada ante el Congreso pretende crear un organismo que reúna a todos los contadores y que se convierta en un interlocutor válido del sentir
de este gremio ante el estado.

En días pasados fue presentado al Congreso un proyecto de ley que busca la unificación del gremio de los contadores públicos, cuya dispersión en más de 100 asociaciones ha sido frecuentemente cuestionada.

Se trata de una iniciativa del Colegio Profesional de los Contadores (CPCP) con sede en Medellín, la cual tiene por objetivo la creación de un organismo regulador de la profesión contable que aglutine todos los profesionales de la Contaduría. De esta organización sólo harán parte las asociaciones de contadores que demuestren un historial de realizaciones y capacidad de gestión.

Este organismo, que también se denominará Colegio Profesional de los Contadores Públicos, según afirma el CPCP, "Se convertiría en un interlocutor válido del sentir de los contadores ante el Estado y demás instancias de la sociedad".

Y añade: "...de consolidarse, contribuirá en gran medida al posicionamiento y fortalecimiento de la profesión que por excelencia y por ley, está llamada a dar fe pública, de los actos que en distintos órdenes se dan en nuestro país a través de su más alta magistratura. La revisoría fiscal".

Otro de los objetivos de la iniciativa es el de fortalecer la Junta Central de Contadores (JCC) como tribunal disciplinario de la profesión y el Consejo Técnico de la Contaduría como el encargado de la orientación técnico-científica de la misma. Este último pasaría de ser un apéndice de la JCC con presupuesto exiguo a una institución adscrita al Ministerio de Desarrollo, compuesta por 13 contadores públicos.

Al ser consultado sobre esta propuesta, el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Rafael Franco Ruiz, se mostró de acuerdo con gran parte de la misma y expresó que "todo esfuerzo por lograr la unificación del gremio es favorable". 

Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de que fueran anexados al proyecto varios elementos de la iniciativa que fue presentada al Congreso hace dos años por la entonces Congresista Ingrid Betancurt, pero que luego fue retirada.

El nuevo proyecto plantea, además, la posibilidad que tendría el colegio Profesional de certificar la calidad de la ejecución de las actividades de los revisores fiscales y los auditores, haciendo constar que éstas se adelantan conforme a los estándares de auditoria generalmente aceptados y a las disposiciones que expida el Consejo Técnico de la Contaduría Pública a través de sus comités.

Así mismo, los contadores y revisores fiscales tendrían la obligación de adherir a sus certificaciones y dictámenes una estampilla prenumerada y controlada por el colegio Profesional, lo que garantizaría una mayor responsabilidad por parte de éstos en sus opiniones y un mejor seguimiento de este organismo de la calidad de los servicios y actuaciones de sus afiliados.

Finalmente, en procura de mantener un nivel alto de calidad en el servicio de los contadores y de incentivar su educación continuada, la iniciativa propone que estos profesionales acrediten anualmente una cantidad de puntos conforme a las tablas y parámetros definidos por el Colegio Profesional, además del sometimiento a un examen periódico para la renovación de su inscripción como contadores públicos.

Así mismo, según la iniciativa, el nuevo organismo podrá definir nuevas áreas específicas de las actividades relacionadas con la ciencia contable, de acuerdo con las necesidades cambiantes de la sociedad.

Finalmente, el proyecto propone que, con el fin de regular la justa competencia entre las organizaciones profesionales de contadores públicos, así como de limitar y prevenir el ejercicio de prácticas que generen monopolios, el Gobierno, por vía reglamentaria, determinará dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la ley, los mecanismos necesarios para evitar la ocurrencia de tales prácticas.
A propósito de este artículo, se publicó, en la sección "Opinión", una crítica del Doctor Tito Libio Caldas, en la edición del 15 al 28 de octubre de 2001. (Ver el artículo...)
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